La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó iniciar una actuación disciplinaria para investigar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que llevan el caso del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, luego de que un tribunal ordenara su libertad por vencimiento de términos en el proceso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El órgano disciplinario busca determinar si las posibles demoras en la radicación del escrito de acusación constituyen una falta disciplinaria. Dada la jerarquía de los funcionarios involucrados, la propia Comisión asumirá directamente las averiguaciones.
El pasado 7 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Bonilla al resolver una solicitud de su defensa. El exfuncionario continuará vinculado al proceso y deberá enfrentar juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, delitos por los que fue imputado en diciembre pasado.
La decisión del Tribunal fue apelada por la Fiscalía, las víctimas, la Contraloría y el Instituto Nacional de Vías. El ente acusador argumentó que, tratándose de delitos contra la administración pública, el plazo para acusar se duplica de 120 a 240 días, por lo que vencía el 16 de abril. Además, sostuvo que el escrito fue radicado la mañana del mismo 7 de abril, antes del fallo que concedió la libertad. No obstante, la magistrada Isabel Álvarez Fernández no acogió esos argumentos.
Bonilla y el exministro Luis Fernando Velasco son los exfuncionarios de más alto nivel del gobierno Petro procesados en este caso. La Fiscalía señala que ambos habrían integrado una organización delincuencial para asegurar apoyos en el Congreso mediante contratos y pagos irregulares por más de 612.000 millones de pesos. El caso se sustenta en declaraciones de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides.
