Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de radicar una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria con carácter urgente ante el Congreso, legisladores de distintos sectores expresaron su posición frente a la iniciativa, generándose una clara división entre oficialismo y oposición.
Uno de los rechazos más contundentes vino del senador Efraín Cepeda, quien calificó la propuesta como un nuevo intento de recaudo disfrazado de emergencia. “Pareciera que el gobierno nos creyera a todos imbéciles. ¿Un nuevo intento de reforma tributaria disfrazado de emergencia para recaudar impuestos que siga sosteniendo el derroche? No… La única emergencia es salir de un gobierno caótico que tiene sumido al país en la desesperanza. Impuestos para sostener la campaña electoral del títere del presidente. ¿Hasta cuándo?”, cuestionó.
El presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Enrique Cabrales, también se pronunció en contra. “Es inaceptable que, tras haber armado un presupuesto sin cómo financiarlo y haber deteriorado la confianza económica con decisiones equivocadas, el Gobierno pretenda ahora volver a meterle la mano al bolsillo a los colombianos. El problema no es falta de ingresos: es un gasto desbordado, sin control y sin responsabilidad fiscal”, señaló en una misiva.
Del lado del oficialismo, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda defendió la iniciativa. “El hecho es que no se puede descargar sobre los hombros de la gente que más necesita hoy la presencia del Estado, las ayudas del Estado, la política social del Estado, que ha mostrado ser un factor real de crecimiento de la economía, pues los problemas y las angustias que pueden tener ciertos sectores económicos. Así que, como lo ha demostrado el gobierno en estos años, vamos a seguir respetando el principio constitucional de que la tributación debe ser progresiva. Es decir, quien más percibe en la sociedad colombiana debe al mismo tiempo tributar proporcionalmente”, afirmó.
El anuncio se produce en medio del debate por la emergencia económica decretada por el Gobierno en diciembre pasado, suspendida por la Corte Constitucional en enero y cuyo proyecto de fallo del magistrado Carlos Camargo Assis propone tumbar en su totalidad el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. La Sala Plena del alto tribunal tomaría una decisión de fondo el próximo jueves 9 de abril.
