El representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, presentó este 20 de julio un proyecto de ley denominado “Ley Antiencapuchados”, que autoriza a la Fuerza Pública a ingresar a campus universitarios para capturar de manera inmediata a quienes participen en protestas con el rostro cubierto que alteren el orden público. La iniciativa busca otorgar “total discreción” a las autoridades para actuar dentro de los centros educativos.
El proyecto ha generado un fuerte debate. Sectores de derecha respaldan la medida como una supuesta herramienta “urgente” para frenar el vandalismo y recuperar la seguridad en los entornos académicos. Argumentan que las universidades no pueden ser utilizadas por grupos que recurren a la violencia bajo el anonimato.
Sin embargo, organizaciones estudiantiles, académicos y sectores de oposición rechazan la iniciativa, al considerarla una violación directa a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución. Advierten que otorgar discrecionalidad absoluta a la Policía para ingresar a las instituciones educativas abre la puerta a la represión estatal, la persecución del pensamiento crítico y la criminalización de la protesta social legítima.
Los críticos sostienen que el proyecto representa un enfoque punitivo peligroso que, lejos de resolver conflictos internos, propicia escenarios de alta vulnerabilidad para las comunidades universitarias similares a los hechos de represión que ya han ocurrido en la historia colombiana.
