La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero (Pacto Histórico) por el delito de concusión. La indagatoria se centra en presuntos cobros a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para mantener sus empleos, según revelaron comunicaciones de WhatsApp divulgadas en septiembre de 2024.
Alcance de la investigación
El magistrado César Reyes, encargado del caso, analiza transferencias bancarias realizadas por integrantes de la UTL a cuentas del congresista. Simultáneamente, se investiga si Racero habría utilizado personal público para atender negocios privados de su propiedad, específicamente un mercado fruver.
Posturas de las partes
El congresista solicitó personalmente en 2024 que se investigara su gestión tras conocerse las denuncias. Racero argumentó que los dineros transferidos correspondían a “préstamos frecuentes” entre él y Estefanía Montoya, miembro de su equipo. Por su parte, Montoya cuestionó la autenticidad de las capturas de WhatsApp expuestas por el periodista Daniel Coronell y negó que los recursos tuvieran relación con salarios públicos.
Contexto legal
El delito de concusión (artículo 404 del Código Penal) contempla penas de prisión y multas para servidores públicos que soliciten dinero indebido aprovechando su posición. La Corte Suprema es la entidad competente para investigar a congresistas en ejercicio.
