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Corte Suprema condenó a los sacerdotes Jaime y Carlos Vásquez por abuso sexual de menor durante 16 años

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los hermanos Jaime Alonso Vásquez Bustamante —excongresista del Partido de la U— y Carlos Fernando Vásquez Bustamante, ambos sacerdotes, por el abuso sexual de un menor de edad ocurrido entre 1997 y 2013. El alto tribunal ordenó su captura, materializada en Guaviare, y los sentenció a más de 20 años de prisión. Ambos clérigos siempre negaron los hechos denunciados por Francisco Javier Bohórquez, su víctima.

El caso llegó a la Corte tras una demanda de casación presentada por la víctima, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera a los religiosos en segunda instancia. Los magistrados determinaron el pasado 15 de abril que el tribunal incurrió en graves errores al valorar las pruebas, y reconocieron la credibilidad del testimonio de Bohórquez en un contexto de violencia sistemática.

La Corte criticó que el tribunal de segunda instancia exigiera a la víctima demostrar los abusos con marcas físicas visibles, desestimando su versión por no tenerlas. El alto tribunal señaló que la ausencia de marcas no puede restar credibilidad al denunciante. Además, rechazó que se usara como argumento absolutorio el hecho de que la víctima no presentara resistencia física durante los abusos, y aclaró que el no resistirse no implica consentimiento.

Los magistrados concluyeron que los sacerdotes ejercieron un dominio casi absoluto sobre la víctima, especialmente en el ámbito económico. También encontraron fallas en las pruebas médicas y psicológicas practicadas a Bohórquez, que fueron usadas por la defensa para alegar ausencia de secuelas psicológicas, y señalaron que no hubo un examen directo a la víctima.

Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 13 años, en la casa cural de San José del Guaviare, primero por parte de Jaime Alonso y luego por Carlos Fernando desde 1998. Los abusos se prolongaron incluso en la edad adulta de Bohórquez, bajo amenazas de suspender ayudas económicas a su familia. La víctima decidió denunciar en 2013 al ver que el excongresista mostró interés en su hijo, que entonces tenía 12 años.