¿Qué está pasando?
El Gobierno de Abelardo de la Espriella intenta consolidar el respaldo de las diferentes bancadas para sacar adelante su propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por $634,9 billones. El proyecto ya comenzó su trámite en las comisiones económicas del Senado y la Cámara. ([Senado de Colombia][1])
El monto representa un aumento de $59,3 billones frente a la propuesta inicial que había presentado el anterior Gobierno, de $575,6 billones, y es 14,2 % superior al presupuesto vigente de 2026, que ronda los $555,8 billones.
¿En qué se gastarían los $634,9 billones?
La propuesta está distribuida aproximadamente así:
* $392,6 billones: funcionamiento del Estado.
* $87 billones: inversión.
* $155,4 billones: servicio de la deuda pública. ([Banco de la República][2])
Uno de los puntos que más preocupa es precisamente el servicio de la deuda, que aumentó considerablemente frente al presupuesto anterior. El Gobierno sostiene que tuvo que incorporar obligaciones que no estaban suficientemente contempladas en la propuesta inicial. ([Presidencia de la República][3])
El problema fiscal
Aquí está uno de los principales debates políticos.
El Banco de la República señaló que el proyecto revisado contempla un escenario fiscal mucho más complejo: el Gobierno calcula un déficit de 9,4 % del PIB y una deuda neta de aproximadamente 66,2 % del PIB para 2027. ([Banco de la República][2])
El Ejecutivo ha planteado un proceso de racionalización del gasto y prepara medidas fiscales para intentar reducir ese desequilibrio. También ha anunciado recortes y una futura reforma orientada a mejorar las cuentas públicas.
Por eso, el debate no será solamente sobre cuánto dinero tendrá cada sector, sino sobre cómo financiar el presupuesto sin aumentar aún más el déficit y el endeudamiento.
¿Realmente De la Espriella tiene mayorías?
En el papel, sí; en la práctica, todavía está por demostrarse.
Según las declaraciones oficiales de los partidos, 110 de los 182 representantes a la Cámara y 63 de los 103 senadores pertenecen a colectividades que han expresado respaldo al Gobierno.
Pero esto no significa que el Gobierno tenga asegurados esos votos.
Las bancadas pueden tener divisiones internas y, en determinados proyectos, sus congresistas pueden votar de manera diferente. El caso del presupuesto será especialmente importante porque cada partido tendrá que decidir si respalda las prioridades económicas del nuevo Gobierno. ([El País][5])
¿Por qué es una prueba política?
Porque el Gobierno ya tuvo algunas señales de que tener una mayoría formal no necesariamente significa controlar el Congreso.
Durante una de las primeras discusiones presupuestales hubo tensiones por la ausencia de varios ministros, situación que generó críticas y llevó a un intento de recomponer la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
Ahora el Gobierno busca cambiar el escenario y negociar directamente con las bancadas.
Además del presupuesto, el Ejecutivo tiene una agenda legislativa que comenzará a tomar forma esta semana, con proyectos relacionados con sus principales prioridades de Gobierno. ([El País][5])
¿Qué viene ahora?
El proyecto debe superar varias etapas:
1. Comisiones económicas
Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara estudian y votan el proyecto.
2. Plenarias
Si supera esa etapa, pasa a las plenarias del Senado y la Cámara.
3. Aprobación final
El Congreso deberá definir el presupuesto antes de que termine el trámite legislativo establecido para este tipo de proyectos. ([Senado de Colombia][1])
Por eso septiembre será un mes clave para determinar si la coalición del Gobierno funciona realmente.
En resumen
La noticia no se trata solamente de un presupuesto de $634,9 billones. Es el primer gran pulso entre De la Espriella y el Congreso.
Si el Gobierno consigue aprobarlo, demostrará que puede convertir sus mayorías declaradas en mayorías efectivas. Si encuentra fuertes divisiones o modificaciones sustanciales, quedará en evidencia que necesitará negociar más con las distintas bancadas.
Y hay un segundo elemento de fondo: el Gobierno tendrá que convencer al Congreso de que el aumento del presupuesto es fiscalmente sostenible, en un momento en que el déficit y la deuda están en el centro de la discusión económica. ([El País][4])
