El expresidente sostiene que la implementación integral del acuerdo puede contribuir a reducir la polarización y enfrentar problemas como la violencia rural, el narcotráfico y la pobreza, mientras el actual Gobierno mantiene una política de seguridad más estricta frente a los grupos armados. ([Reuters][1])
¿Qué dijo Juan Manuel Santos?
El expresidente Juan Manuel Santos pidió al presidente Abelardo de la Espriella que avance en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC en 2016.
Santos hizo el llamado durante su visita a Oslo, Noruega, en el marco de las actividades relacionadas con el décimo aniversario del acuerdo. Según el expresidente, implementar plenamente lo pactado podría servir como un punto de encuentro para un país que continúa políticamente polarizado y ayudaría a enfrentar problemas como la pobreza rural, el narcotráfico y la violencia en zonas de conflicto. ([Reuters][1])
¿Por qué vuelve a hablarse del Acuerdo de Paz?
El acuerdo fue firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las entonces FARC-EP, después de años de negociación durante el Gobierno de Santos.
Su implementación no se limita al desarme de la guerrilla. Incluye una transformación mucho más amplia del Estado y de los territorios, entre ellos:
* Reforma Rural Integral.
* Acceso y formalización de tierras.
* Desarrollo de las regiones más afectadas por el conflicto mediante los PDET.
* Reincorporación de los excombatientes.
* Reparación y garantías para las víctimas.
* Sustitución de cultivos de uso ilícito.
* Participación política.
* Sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.
* Protección de comunidades y líderes sociales.
El propio Acuerdo establece mecanismos de planeación, financiación, seguimiento y evaluación para su implementación. ([JEP][2])
El punto más polémico: la JEP
Uno de los principales puntos de diferencia entre Santos y De la Espriella es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP fue creada como parte del sistema de justicia transicional para investigar y sancionar los principales crímenes cometidos durante el conflicto armado, tanto por integrantes de las FARC como por agentes del Estado y otros actores.
Durante su campaña, De la Espriella fue muy crítico de este tribunal e incluso planteó desmontarlo. Sin embargo, al asumir la Presidencia cambió el tono institucional: señaló que respetaría el lugar de la JEP dentro del sistema judicial colombiano, aunque planteó ejercer una supervisión rigurosa sobre su funcionamiento.
Este cambio es importante porque muestra que el Gobierno tiene una posición crítica frente a algunos componentes del acuerdo, pero también debe actuar dentro del marco jurídico que actualmente los protege.
Santos también cuestiona la política de “Paz Total”
El mensaje de Santos no solamente está dirigido a De la Espriella.
El expresidente también cuestionó la estrategia de “Paz Total” desarrollada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Según Santos, la búsqueda de negociaciones simultáneas con diferentes grupos armados terminó restando atención a la implementación del acuerdo firmado con las FARC.
En declaraciones a Reuters, Santos sostuvo que Petro concentró esfuerzos en negociar con otros grupos armados mientras quedaban pendientes aspectos del acuerdo de 2016. ([Reuters][1])
Esto es especialmente relevante porque De la Espriella ha desmontado varias de las mesas de diálogo heredadas del Gobierno Petro, optando por una política más centrada en seguridad, persecución judicial y sometimiento de las estructuras armadas.
¿Qué está en juego para las zonas rurales?
Uno de los argumentos de Santos es que el Acuerdo no debe verse únicamente como un documento relacionado con las FARC.
La Reforma Rural Integral busca intervenir algunas de las causas históricas del conflicto: concentración de tierras, pobreza rural, falta de infraestructura, ausencia estatal y desigualdad territorial.
La Unidad de Implementación del Acuerdo reportó en julio de 2026 avances como 779.483 hectáreas incorporadas al Fondo de Tierras, 348.514 hectáreas adjudicadas y más de 2,2 millones de hectáreas formalizadas, además de proyectos PDET y otras medidas de desarrollo territorial.
Pero también reconoce que persisten problemas importantes: violencia contra comunidades, dificultades de coordinación institucional, brechas territoriales y deudas con víctimas, mujeres, pueblos étnicos y firmantes del acuerdo. ([Portal Para La Paz][3])
¿Y qué ocurre con los excombatientes?
Una parte fundamental del acuerdo es garantizar que quienes dejaron las armas puedan incorporarse a la vida civil.
La implementación incluye reincorporación económica y social, proyectos productivos, vivienda, seguridad y participación política.
El problema actual es que algunas estructuras que surgieron posteriormente de antiguos integrantes de las FARC volvieron a las armas y hoy hacen parte de diferentes organizaciones disidentes.
Esto alimenta uno de los principales argumentos de los sectores críticos del acuerdo: cuestionan si el modelo de reincorporación y justicia ha sido suficientemente efectivo.
Santos, por su parte, sostiene que el regreso de algunos excombatientes a las armas no demuestra que el acuerdo haya sido la causa de la violencia actual. Su argumento es que precisamente una implementación completa puede contribuir a cerrar las condiciones que permiten la reproducción del conflicto.
¿Cuál es la posición de De la Espriella?
Aquí está el verdadero choque político.
El Gobierno actual está intentando cambiar la estrategia de seguridad heredada de Petro: ha cerrado mesas de negociación con varias estructuras armadas que, según el Ejecutivo, no demostraron una voluntad verificable de paz y ha reactivado órdenes de captura contra integrantes de esas organizaciones.
Además, el Gobierno ha tomado decisiones que afectan directamente estructuras creadas durante la política de “Paz Total”. Por ejemplo, el 10 de septiembre ordenó cerrar anticipadamente una Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecían integrantes de los Comandos de Frontera que habían iniciado un proceso de desarme. ([El País][5])
Por eso, el llamado de Santos llega en un momento especialmente sensible: De la Espriella está tratando de diferenciar claramente su política de seguridad de la estrategia de negociación de Petro.
¿Por qué esta declaración es políticamente importante?
Porque Santos está planteando que el Acuerdo de 2016 debe convertirse nuevamente en un punto de consenso nacional, mientras que el actual Gobierno quiere priorizar seguridad, justicia y lucha contra las estructuras armadas.
En otras palabras:
Santos plantea:
Implementar el acuerdo → atacar las causas estructurales del conflicto → fortalecer la paz territorial.
De la Espriella plantea:
Seguridad → persecución de grupos armados → sometimiento a la justicia → implementación de aquello que el Gobierno considere jurídicamente viable.
La discusión no es solamente entre dos expresidentes/presidentes. Tiene consecuencias sobre presupuesto público, tierras, víctimas, JEP, reincorporación, seguridad rural y política frente a los grupos armados.
Un dato clave:
No sería correcto decir que Santos está pidiendo simplemente que De la Espriella “vuelva a negociar con las FARC”. Las FARC como organización armada se desmovilizaron bajo el acuerdo de 2016. Lo que Santos está reclamando es que el Estado cumpla e implemente integralmente los compromisos pactados.
