La decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de suprimir la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario generó alertas entre organizaciones sociales y académicas, que advierten sobre un posible retroceso en la garantía de derechos fundamentales en un país con violencia persistente.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señaló que la medida podría fragmentar la respuesta institucional frente a las vulneraciones de derechos. De acuerdo con Bonilla, transferir estas funciones a otros ministerios produciría una falta de articulación clave para enfrentar las crisis de violencia que se viven en el país desde hace años.
Bonilla también cuestionó el enfoque de seguridad del nuevo gobierno, centrado en capturas y hacinamiento carcelario, y advirtió que podría ser contraproducente. Citó el caso de Ecuador para señalar que la saturación de cárceles puede convertir los centros penitenciarios en semilleros de nuevas estructuras criminales urbanas. “En vez de tener menos grupos armados, podríamos tener más grupos delincuenciales”, sentenció.
La experta instó a la administración entrante a integrar políticas que aborden las causas estructurales de la inseguridad, en lugar de apostar exclusivamente por un modelo de militarización y encarcelamiento masivo. La eliminación de la Consejería de DD.HH. forma parte de una reestructuración más amplia que también afectará otras dependencias vinculadas a la reconciliación y la implementación del Acuerdo Final.
