El presidente Gustavo Petro reavivó el debate sobre la erradicación de cultivos ilícitos al publicar en su cuenta de X un video que promueve la erradicación manual, acompañado del mensaje: “Es mejor arrancar la mata de raíz que fumigar. Si se fumiga, vuelve a crecer”. Sin embargo, documentos oficiales revelan que el Ministerio de Defensa suscribió un contrato por $7.700 millones para adquirir glifosato destinado a fumigación terrestre, generando contradicciones en la política antidrogas del Gobierno.
Posturas divergentes en el gabinete:
- Ministerio de Defensa (Iván Velásquez): Adquirió el herbicida con aval del Ministerio de Ambiente, aunque insiste en que será usado solo como último recurso.
- Ministerio de Justicia (Ángela María Buitrago): Aclaró que la prohibición constitucional (2015) aplica solo para la aspersión aérea, no para la terrestre.
- Ministerio del Interior (Armando Benedetti): Afirmó que la meta es erradicar 50.000 hectáreas en 2025, con 30.000 en proceso para agosto, en línea con acuerdos con EE.UU.
El dilema estratégico:
Mientras Petro impulsa la sustitución voluntaria (con programas como PNIS), el contrato de glifosato sugiere que persiste un enfoque represivo. Supuestos expertos señalan que la incoherencia podría:
- Debilitar la credibilidad internacional de Colombia.
- Frenar la inversión en programas sociales alternativos.
- Afectar relaciones con EE.UU., principal aliado en la lucha antidrogas.
Contexto clave:
- La Corte Constitucional mantiene el veto a la fumigación aérea por daños ambientales y a la salud.
- EE.UU. presiona para reducir los 234.000 hectáreas de coca reportadas en 2024 (UNODC).
- Las disidencias de las FARC controlan el 60% de estos cultivos (Indepaz).
El Gobierno debe definir si prioriza su discurso de “paz total” o cede a presiones externas. Mientras, las comunidades en zonas como Catatumbo esperan soluciones estructurales que combinen desarrollo rural y reducción de violencia.
