El presidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones de retaliación política contra el Valle del Cauca, vinculadas al reciente debate sobre la consulta popular. Sus declaraciones se produjeron tras la radicación de una nueva versión ampliada de la iniciativa, que incluye cuatro preguntas adicionales sobre salud.
Contexto del debate
El gobierno radicó el 18 de mayo una nueva propuesta de consulta popular (con 16 preguntas, incluyendo 4 nuevas sobre salud), después de que la primera versión enfrentara fuerte oposición en el Congreso.
En una columna en El Espectador, Ramiro Bejarano denunció una supuesta “venganza política” contra el Valle del Cauca, señalando que Petro y el ministro Benedetti habrían amenazado con frenar proyectos en la región tras culpar a la gobernadora Dilian Francisca Toro (Partido de la U) de supuesta confabulación para bloquear la consulta.
El mandatario negó categóricamente las acusaciones: “no se ha parado nada del programa de la gobernadora”, afirmó, destacando que el gobierno nacional sigue ejecutando proyectos en el Valle. Asimismo, reiteró su crítica a los opositores de la consulta, calificándolas como “pésimas personas son quienes acallan la voz ciudadana y vulneran derechos laborales”, e insistió en que la nueva consulta busca habilitar mecanismos de participación directa, especialmente en temas de salud y trabajo.
Por un lado, el gobierno mantiene su apuesta por la consulta popular como alternativa para impulsar reformas clave, ante la falta de apoyo legislativo. La oposición, sin embargo, acusa a Petro de intentar evadir el debate democrático en el Congreso. Por otro lado, en el Valle del Cauca, la tensión política persiste, agravada por la crisis de seguridad tras el secuestro de Lyan Hortúa y el asesinato de su familiar.
Mientras el Ejecutivo prepara estrategias para promover la nueva consulta, analistas señalan que el escenario sigue complejo, sin garantías de que la iniciativa logre superar los obstáculos legislativos. Petro, por su parte, ha convocado a movilizaciones sociales para presionar su aprobación, en lo que parece ser un “tire y afloje” político que podría extenderse en las próximas semanas.
