El presidente Gustavo Petro denunció un presunto complot internacional para derrocarlo, acusando directamente al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart de liderar estas acciones. Durante un discurso en Bogotá, Petro afirmó que el legislador republicano está coordinando reuniones con colombianos para utilizar el Congreso como mecanismo de destitución, lo que calificó como un atentado contra la soberanía nacional.
Las declaraciones del mandatario se produjeron como respuesta a las acusaciones públicas del excanciller Álvaro Leyva, quien en una carta abierta había sugerido que Petro revisara su permanencia en el cargo debido a supuestos problemas de drogadicción. Petro descalificó estas afirmaciones, tildando a Leyva de ser un instrumento en el supuesto plan orquestado desde el exterior.
La controversia escaló rápidamente cuando Díaz-Balart respondió a través de redes sociales, sugiriendo que Petro podría estar bajo influencia de sustancias y ofreciéndole información sobre centros de rehabilitación. El intercambio de acusaciones ha generado una crisis diplomática incipiente, con el gobierno colombiano evaluando presentar una queja formal ante organismos internacionales.
Este episodio se produce en un contexto político delicado para Petro, luego de que la Corte Constitucional suspendiera recientemente una investigación sobre financiamiento irregular de su campaña presidencial. El mandatario interpreta estos eventos como parte de una estrategia coordinada para desestabilizar su gobierno, mientras la oposición en Colombia explora nuevas vías para cuestionar su administración.
