Un grupo de 28 congresistas de distintas bancadas, junto con organizaciones sociales lideradas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), radicó un proyecto de ley que busca establecer obligaciones claras para las empresas en materia de derechos humanos. La iniciativa surge en un contexto donde se documentan más de 600 casos de presuntas violaciones por parte de actores empresariales en el país.
El representante Alirio Uribe, uno de los autores del proyecto, explicó que la propuesta responde a dos escenarios clave. Por un lado, las negociaciones internacionales del tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos que avanza en Ginebra hasta 2025. Por otro, la realidad nacional donde persisten graves vulneraciones, como lo demuestra la reciente condena a ejecutivos de Chiquita Brands por financiamiento paramilitar.
La abogada Rosa María Mateus del Cajar detalló que el proyecto es resultado de años de trabajo con comunidades afectadas y análisis de casos históricos, desde la Masacre de las Bananeras en 1928 hasta conflictos mineros recientes. “La sociedad no quiere empresas que se resistan a regulaciones básicas de derechos humanos”, afirmó Mateus durante la presentación.
El articulado propone crear mecanismos efectivos de acceso a la justicia para víctimas, incluyendo presunciones favorables para comunidades vulnerables en procesos judiciales. Aplicaría a todas las empresas que operen en Colombia, incluyendo multinacionales y empresas de economía mixta.
Paralelamente, el Gobierno Nacional prepara un decreto para coordinar acciones del Ejecutivo en esta materia. El proyecto inicia ahora su trámite legislativo en medio de un debate que promete ser complejo, con posiciones divididas sobre el equilibrio entre responsabilidad empresarial y desarrollo económico.
Esta iniciativa posiciona a Colombia a la vanguardia de la discusión regional sobre regulación empresarial, coincidiendo con las negociaciones del tratado global en Ginebra. De aprobarse, marcaría un hito en la protección de derechos humanos frente a actividades empresariales en el país.
