Se ha generado una disputa entre el presidente del Senado, Lidio García, y ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto al control político que el Legislativo ejercerá sobre el decreto de emergencia económica. La controversia surgió tras la posibilidad de que el Congreso debata la medida en sesiones extraordinarias convocadas para otros fines.
El senador García afirmó la autonomía del Congreso: “el Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados”. Esta postura fue cuestionada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino.
Benedetti argumentó que “el estado de emergencia no es solamente sobre hechos cumplidos sino sobre aquellos que amenacen al orden económico del país, artículo 215 de la Constitución”. Por su parte, Sanguino estimó que realizar este control político podría constituir prevaricato por parte del presidente del Congreso.
García respondió que las reacciones de los ministros generan “legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar”, recordando que el artículo 215 no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado del gobierno. Sanguino replicó calificando a García como “un títere del titiritero mayor César Gaviria hablando de autonomía del Congreso. De liberal no tiene ni un pelo”.
El presidente del Senado contraargumentó: “nunca hemos considerado que usted sea custodio del liberalismo, una tradición que exige formación y convicción. Cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder. Aquí no hay hilos, hay responsabilidad institucional”.
La intención del Senado de ejercer control político se mantiene, con sectores como Cambio Radical pidiendo un estudio de la alternativa usada por el gobierno, y el Centro Democrático evaluando medidas legales para suspender la aplicación del decreto. La emergencia económica busca recaudar fondos tras el hundimiento de la reforma tributaria que dejó un faltante de 16,3 billones de pesos.
