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Procuraduría solicita anular condena contra expresidente Uribe por supuestas fallas en el proceso

La Procuraduría General presentó un documento de 81 páginas ante el Tribunal Superior de Bogotá en el que solicita revocar la condena de 12 años impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo argumenta que el fallo presentaría graves inconsistencias jurídicas.

En su análisis, la Procuraduría señala que la decisión judicial se habría basado en “suposiciones sin sustento probatorio suficiente”, vulnerando el principio de presunción de inocencia. El documento cuestiona específicamente que no se haya demostrado de manera contundente el conocimiento y participación directa del expresidente en los hechos que se le imputan.

Este pronunciamiento se suma al recurso de apelación que prepara la defensa legal de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, quien tiene plazo hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos. La condena, emitida el pasado 28 de julio por la jueza Sandra Liliana Heredia, acusa al expresidente de fraude procesal y soborno a testigos en un caso que se remonta a manipulaciones de testimonios relacionados con vínculos paramilitares.

El proceso judicial ha girado en torno al testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien mediante grabaciones secretas documentó ofertas de beneficios a cambio de modificar sus declaraciones sobre la creación del Bloque Metro. Estas grabaciones fueron consideradas prueba fundamental en el fallo condenatorio.

Mientras el Tribunal Superior estudia los recursos presentados, Uribe Vélez continúa cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario. La decisión que tome el tribunal en las próximas semanas podría marcar un punto de inflexión en uno de los casos judiciales más relevantes de la historia reciente del país.

Este desarrollo ocurre en medio de un intenso debate jurídico y político sobre el caso, que ha dividido opiniones entre quienes ven en el fallo un avance contra la impunidad y quienes consideran que se trata de una supuesta persecución política. La resolución final podría tener importantes repercusiones en el escenario político nacional.