Veinticinco oficiales de alto rango, incluidos tres generales, admitieron su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los militares aceptaron su responsabilidad en los crímenes de al menos 604 personas presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008 en la región Caribe.
Los mayores generales Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, junto con el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, figuran entre los mandos que reconocieron su actuación en el marco del Caso 03 de la JEP. Completan la lista dieciocho oficiales y cuatro suboficiales que ejercían mando en diecinueve unidades militares.
La JEP estableció que estos crímenes respondían a un patrón sistemático basado en presiones por resultados, recompensas a comandantes y encubrimiento institucional. Los comparecientes se comprometieron a participar en procesos de reparación a víctimas y comunidades afectadas.
Tres oficiales –el brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel William Hernán Peña Forero– rechazaron aceptar responsabilidades. Sus casos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, donde enfrentan posibles penas de hasta 20 años de prisión.
La JEP programó una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad para los próximos meses, donde los militares deberán detallar los hechos ante las víctimas. Este avance se produce tras la sentencia restaurativa emitida contra doce integrantes del Batallón La Popa por crímenes similares.
