El procurador general, Gregorio Eljach, solicitó una investigación exhaustiva tras la revelación de audios en los que el excanciller Álvaro Leyva Durán aparecería promoviendo un plan para derrocar al presidente Gustavo Petro. La publicación del diario español El País, que incluye grabaciones donde Leyva menciona la necesidad de un “gran acuerdo nacional” con actores armados y políticos para sacar al mandatario, ha generado un terremoto político en Colombia.
Contenido explosivo de los audios
En las grabaciones, atribuidas a Leyva, se escucha: “Hay que sacar ese tipo… el orden público se desbordó. Esto no puede suceder sino con un acuerdo donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo”. El excanciller, según la investigación periodística, habría buscado apoyo en círculos cercanos a Donald Trump, incluyendo un intento de contacto con el senador Marco Rubio para ejercer “presión internacional”.
Reacciones institucionales
- El procurador Eljach enfatizó que “la dignidad de la Presidencia goza de garantías constitucionales que todos debemos acatar”, llamando a proteger la democracia.
- El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó los hechos como “un golpe de Estado en ciernes” y cuestionó quién estaría detrás de estas maniobras.
- Vicky Dávila, mencionada en los audios como posible “interlocutora”, negó categóricamente cualquier participación: “No estoy de acuerdo con que tumben a Petro”, aclaró en redes sociales.
Trasfondo político
Las grabaciones, que según El País estuvieron en poder de inteligencia colombiana, habrían sido escuchadas por Petro en su despacho, quien luego acusó a Leyva de intentar un golpe de Estado. El excanciller, actualmente en Madrid por “motivos de seguridad”, fue destituido en 2023 por la Procuraduría en un caso distinto.
Este escenario se da en medio de la convalecencia del senador Miguel Uribe (también mencionado en los audios), víctima de un atentado, y semanas después de que Leyva buscara sin éxito apoyo en Washington. Expertos constitucionales advierten que, de comprobarse estos hechos, podrían configurarse delitos de sedición y conspiración, mientras el gobierno enfrenta nuevas tensiones en un año clave preelectoral.
