Tras 40 horas de cautiverio, 28 policías y un militar fueron liberados este jueves en el corregimiento de El Plateado, Cauca, luego de una negociación entre una comisión humanitaria y comunidades del cañón del Micay. El operativo de liberación contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP OEA) y el Ministerio del Interior.
Los uniformados, que habían sido retenidos desde el martes, fueron trasladados desde el sector de La Hacienda hasta una zona civil, donde fueron recibidos por los integrantes de la comisión humanitaria. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las condiciones del acuerdo que permitió su liberación, las autoridades destacaron la importancia del diálogo y la mediación para resolver la situación sin mayores incidentes.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien asumió el cargo recientemente, se pronunció sobre el hecho y advirtió que lo ocurrido no fue una simple retención, sino un secuestro que podría tener connotaciones extorsivas. “Aquí, los únicos que pueden hacer retenciones son las autoridades legítimas, acorde a la Constitución y la ley. Nadie puede tocar a un servidor público, retener a una persona”, afirmó Sánchez desde Popayán.
El jefe de la cartera de Defensa también enfatizó que este tipo de acciones no serán toleradas y que se tomarán las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan. “El delito del secuestro fue cometido tal como lo dice la Constitución y la ley. La justicia hará lo suyo”, agregó.
El Cauca es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y violencia constante. El secuestro de los uniformados en El Plateado es un reflejo de los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en esta zona del país, donde confluyen intereses de grupos armados, cultivos ilícitos y disputas territoriales.
La liberación de los uniformados ha sido recibida con alivio por parte de las autoridades y la comunidad, pero también ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad en la región y garantizar la protección de los servidores públicos. El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso de trabajar en conjunto con las comunidades y las instituciones para prevenir nuevos actos de violencia y asegurar el cumplimiento de la ley.
Mientras tanto, se espera que las investigaciones avancen para identificar a los responsables del secuestro y llevar ante la justicia a quienes participaron en este hecho delictivo.
