La Defensoría del Pueblo confirmó un incremento en los desplazamientos forzados en la región del Catatumbo, Norte de Santander, debido a la intensificación de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Según la defensora Iris Marín Ortiz, al menos 100 familias llegaron a Cúcuta y 15 a Ocaña este 30 de diciembre, sumándose a los desplazados de días anteriores.
Un comunicado de la entidad, emitido el 29 de diciembre, señala que el conflicto activo desde el 16 de enero de 2025 ha generado más de 78.000 desplazamientos forzados solo en la última semana. La situación crítica se focaliza en la cabecera urbana y varias zonas rurales del municipio de Tibú, cuya ubicación fronteriza con Venezuela lo convierte en un corredor estratégico para grupos armados y economías ilícitas.
La Defensoría advirtió que las alcaldías de Cúcuta y Tibú tienen capacidades limitadas para atender la emergencia humanitaria. Miembros de la Mesa de Víctimas han solicitado caravanas humanitarias para ingresar a territorios con poblaciones confinadas.
La entidad recomendó a las alcaldías articular acciones con la Unidad para las Víctimas para desplegar y fortalecer la ruta de atención, garantizando ayuda humanitaria inmediata. También instó al Ministerio del Interior a coordinar una respuesta rápida con autoridades nacionales y territoriales para implementar las recomendaciones de alertas tempranas previamente emitidas. Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados para que cesen las confrontaciones y permitan la activación de corredores humanitarios.
