La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió no realizar una revisión extraordinaria del decreto que declara el estado de emergencia económica, expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El alto tribunal determinó que iniciará el estudio formal de las medidas a mediados de enero de 2026, una vez finalice el periodo de vacancia judicial vigente.
Los magistrados sostuvieron en una reunión virtual que, si bien el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 está sujeto a un control automático por parte de la Corte, el proceso solo puede comenzar al reanudarse la actividad judicial. Para respaldar su decisión, citaron precedentes como el Decreto 4975 de diciembre de 2009, el cual fue analizado en enero del año siguiente (2010), tras el cese de la vacancia.
El decreto, oficializado el pasado lunes, busca habilitar al gobierno para imponer nuevos impuestos mediante decretos con fuerza de ley, con el objetivo de recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de 2026, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Previamente, figuras de la oposición, como las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, habían solicitado a la Corte una revisión inmediata del documento, argumentando que carece de sustento jurídico. El presidente Petro, por su parte, advirtió que, si el alto tribunal revoca la emergencia, se generaría una crisis económica, negando que la medida esté vinculada a los comicios presidenciales de 2026.
