Integrantes de partidos de oposición solicitaron formalmente a la Corte Constitucional que sesione de manera extraordinaria para revisar el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro. La medida busca cubrir un faltante de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, luego de que el Congreso no aprobara la ley de financiamiento propuesta por el gobierno.
Las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, presentaron comunicaciones al alto tribunal. Valencia afirmó que la emergencia fue decretada “en época electoral” no por una catástrofe, sino por “derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicos”. Cabal radicó una acción de inconstitucionalidad, argumentando que el decreto no cumple los requisitos del artículo 215 de la Constitución y que no puede usarse para imponer “lo que el Congreso negó democráticamente”.
El presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, calificó la medida como una posible “usurpación” de funciones, al pretender imponer normas que el Congreso rechazó. Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) pidió al presidente del Congreso convocar sesiones urgentes a comienzos de 2026 para analizar lo que denominó una emergencia “innecesaria”.
El presidente Petro defendió el decreto y advirtió sobre las consecuencias de que sea revocado. “Si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave”, señaló en sus redes sociales, aclarando que no se trata de una amenaza sino de un análisis económico.
El Congreso había aprobado un presupuesto de 547 billones de pesos para 2026, pero con el déficit mencionado. Tras más de un mes de análisis, negó la reforma tributaria o ley de financiamiento presentada por el Ejecutivo. La expectativa ahora se centra en los decretos que desarrollarán la emergencia y en la posible reunión extraordinaria de la Corte Constitucional para evaluar la constitucionalidad de la medida.
